Retos jurídico-políticos de las funciones parlamentarias... [Recurso electrónico] / María Nieves Alonso García

y los novedosos instrumentos de participación en la democracia del siglo XXI. La democracia constitucional solo puede articularse a través de la representación, nada impide, sin embargo, que sea complementada, aunque nunca sustituida, con algunas instituciones de democracia directa o participativa, como excepción a la regla general de la democracia representativa. La profunda crisis económica y la consecuente puesta en peligro de algunos de los logros del Estado de bienestar son el caldo de cultivo perfecto para aumentar la distancia entre los ciudadanos y el poder político. Por ende, la institución parlamentaria constituye el eje medular alrededor del cual gira la «crisis de la representación». En aras a abordar dichas consideraciones, esta monografía se inicia con una rigurosa reflexión sobre la crisis de la representación. En el marco del cuestionamiento que rodea a la representatividad del Parlamento incide, de manera notable, la preponderancia que ha adquirido el Ejecutivo frente al Legislativo, que ha acumulado funciones y tareas de las que desposee al poder legislativo, como si el monopolio de la política terminara uniendo los poderes que tanto costó separar. Asimismo, se plantea el carácter irrenunciable de la democracia representativa y su articulación en torno a la institución del Parlamento de manera que se analiza minuciosamente las funciones parlamentarias, afrontándose la necesidad de adecuar las tareas que tradicionalmente se le han atribuido (legislar, controlar y aprobar los presupuestos) a un contexto actual en el que se exige la acomodación de las mismas a los retos y demandas de los ciudadanos en la sociedad digital. Igualmente, se propone la introducción de modernas atribuciones, bien ancilares de las anteriores, como la incorporación de las TIC a la potenciación de la participación, o, funciones ex novo, como la función integradora y la pedagógica. Como colofón, se emprende el estudio de los mecanismos de participación vigentes en el ordenamiento jurídico español a fin de plantear una sugestiva reflexión, crítica y razonada, acerca de la introducción de eventuales reformas legislativas para asegurar una participación de los ciudadanos, viable y compatible, en una democracia esencialmente representativa. En esta línea, se hacen propuestas de lege ferenda relativas a los principales problemas a los que se enfrenta nuestro país y circunscritas a la incorporación de nuevas vías de participación conciliables con la democracia representativa fundamentalmente vinculadas con la Revolución Digital, la reforma de los instrumentos de participación previstos en la Constitución Española y la integración de mecanismos trasladados desde el derecho comparado como las Convenciones Constitucionales.

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